La Mezquita de Badalona es un equipamiento necesario

La Constitución española garantiza la libertad religiosa y de culto (art. 16). El ordenamiento jurídico regula el derecho a la práctica religiosa y el establecimiento de lugares de rezo de las distintas confesiones. Todo esto bajo el amparo de tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 18) y resoluciones de la ONU.

También es conveniente recordar que es obligación de los poderes públicos cumplir y hacer cumplir las leyes.

Cuando los ciudadanos reclaman su derecho a congregarse libremente para practicar su fe sin ser molestados, discriminados o perseguidos, están pidiendo que se cumpla la ley. Cuando no se garantiza este derecho para un importante porcentaje de la población de la ciudad, que trabaja, paga impuestos, convive, etc, estamos ante un grave problema social. Un problema generado por los poderes públicos que no hacen su trabajo: Hacer cumplir las leyes.

Es una cuestión de número. Es porque hay miles de ancianos que se necesitan Casals d'Avis. Si en Badalona hay 10 personas que profesan la fe Bahá'i pueden reservar una sala en un Centro Cívico o reunirse en sus casas. No hay problema. Si fueran 10.000, sería otra cosa.

En los últimos años hemos visto cómo los "poderes públicos" de nuestra ciudad han tomado el pelo, manipulado, engañado y utilizado a la numerosa comunidad musulmana badalonesa dificultando o impidiendo su legítimo derecho a practicar su religión.

Uno de los argumentos utilizados para movilizar actitudes xenófobas en la población ha sido el de la prioridad de los equipamientos públicos. Este argumento, en realidad, es una justificación de su incompetencia. Es evidente que los barrios de nuestra ciudad carecen de los suficientes equipamientos básicos: bibliotecas, centros de salud, guarderías, etc.. Y ahora, además, carecen de mezquitas y/o centros multiconfesionales para diferentes colectivos religiosos. El aumento en el déficit de equipamientos públicos no es responsabilidad de los musulmanes o inmigrantes extranjeros sino de la incapacidad, o falta de interés, de los cargos públicos.

Los miembros del Centro de las Culturas, como humanistas, denunciamos toda forma de discriminación y violencia. Particularmente denunciamos la violencia ejercida sobre las minorías que dificulta, en la práctica, su inserción y desarrollo, condenándolas a la marginalidad social. En definitiva, luchar por los derechos de las minorías es luchar por los derechos de todos.