Bolivia: La revolución no violenta

Por: Pau Segado y Javier Sampedro
Fuente: La República.es

El 18 de diciembre de 2005, ocurrió un acontecimiento que representa un hito en la historia de América Latina. Evo Morales, un indio aymara, de oficio recolector de coca, y cuyos trabajos anteriores fueron los de trompetista, panadero y ladrillero, fue elegido como presidente constitucional de la República de Bolivia.

“El indio”, como con ánimo despectivo y fuerte dosis de racismo, le llaman sus detractores, obtuvo un 53% de los votos frente al 28% de su inmediato adversario. En las elecciones participaron un 84% de los censados.

El Presidente Morales es el líder moral de una iniciativa de cambio constitucional de naturaleza revolucionaria y que podría colocar a Bolivia en la vanguardia del humanismo político.

La nueva constitución boliviana será una apuesta firme por los Derechos Humanos. Contendrá casi cien artículos dedicados al reconocimiento de derechos individuales y colectivos, frente a los apenas cuatro artículos de la actual Carta Magna. Los derechos de niños, ancianos, poblaciones originarias, trabajadores, discapacitados, consumidores, presos, etc. quedan elevados a rango constitucional. Pero no es sólo una cuestión de cantidad sino de la eficacia real de la regulación. Frente a las meras declaraciones de intenciones habituales en los textos constitucionales, se recoge expresamente la gratuidad de la enseñanza hasta el bachillerato, la universalidad y gratuidad del sistema de salud, el derecho a la pensión de vejez o la universalidad de la seguridad social, por poner solamente algunos ejemplos.

Se podría señalar que algunos de estos derechos están reconocidos también en algunos países de Europa. En tal caso habría que precisar también que, en estos países, aquellos derechos que no están consignados en la Constitución pueden ser suprimidos por mera decisión del partido mayoritario. Además, el significado real de estos derechos en un país como Bolivia con una renta anual por habitante de unos 800 euros es absolutamente diferente al de Europa. En Bolivia, blindar constitucionalmente ciertos derechos económicos y sociales es, para mucha gente, la diferencia entre la vida y la muerte.

Se trata, por otra parte, de la Constitución de la libertad de opción. A diferencia de la actual, que obliga al Estado al sostenimiento de la Iglesia Católica, la nueva reconoce expresamente la libertad religiosa y sanciona la discriminación por razones religiosas, así como la derivada de la orientación sexual o la identidad de género. De igual modo, se reconoce el derecho de mujeres y hombres a decidir sobre la oportunidad de tener o no tener hijos y se promueve la convivencia en los centros educativos de personas con diferentes opciones de espiritualidad.

Incorpora el proyecto constitucional artículos que, en beneficio de la paz mundial, deberían ser sin dilación reproducidos en las leyes fundamentales del resto de las naciones. Se trata de la declaración de Bolivia como estado pacifista, la prohibición de las bases militares extranjeras y la renuncia a la agresión armada como método de resolución de conflictos.

A pesar de lo anterior, el proyecto de Constitución está siendo contestado con asombrosa fuerza tanto dentro como fuera del país.

Se emplean métodos de guerrilla urbana para oponerse a un proyecto que aún ha de ser sometido a referéndum, como si se tratara de una ley impuesta por un dictador. Si además se entiende que las revueltas son por un tema de tan poca entidad –en comparación con el reconocimiento de derechos y libertades- como la ciudad en la que se ubica cada órgano del Estado, el desconcierto del observador no informado será absoluto.

De otra parte, los gobernantes de algunos departamentos del país han negado legitimidad tanto al proyecto como al referendo por supuestos defectos de forma en el proceso de elaboración del texto y están incitando a la revuelta popular. Evitan admitir que, si se llega a producir, la decisión popular de aprobar la nueva Constitución, tomada en referendo libre y secreto, subsanaría cualquier supuesto defecto de forma en el proceso previo.

El prefecto de Santa Cruz, el más rico departamento del país, presenta hoy, 15 de diciembre, un estatuto autonómico, mientras que el presidente de su Asamblea Legislativa anuncia el nacimiento de una nueva república.

Ese absurdo empeño de negar legitimidad a un referendo porque el proyecto se elaboró con mayor o menor rapidez, de combatir con revueltas violentas lo que aún no es más que un proyecto que debe ser sometido a consulta popular, y de provocar tensiones localistas y secesionistas en uno de los países más pobres de América Latina no es casual.

Fuertes intereses, tanto internos como externos, están tratando de provocar un conflicto violento de enormes dimensiones que justifique la adopción de medidas excepcionales y el descarrilamiento del proceso transformador que está experimentando Bolivia. Están inventando una guerra civil.

En clave interna, la oposición al proyecto constitucional está impulsada por la oligarquía racista y adinerada que tradicionalmente ha detentado el poder político y económico en el país y que hoy siente amenazados sus privilegios en el nuevo Estado que se configura en esta Constitución.

Desde fuera del país, las multinacionales que ven perjudicados los lucrativos negocios que hacían con la antigua clase dominante, están orquestando una campaña internacional contra el gobierno legítimo de Bolivia y sus representantes. La declaración constitucional de propiedad estatal de los hidrocarburos, la prohibición de privatizar los servicios básicos y la primacía del derecho a la salud sobre el derecho de patentes, apuntan a la línea de flotación de poderosas compañías petrolíferas y farmacéuticas. No son de extrañar las campañas de intoxicación orientadas a confundir a la opinión pública internacional y a minar la simpatía que la revolución pacífica boliviana y el mismísimo Evo Morales puedan despertar en el extranjero.

Frente a las presiones, el Gobierno de Bolivia está actuando con prudencia, evitando el uso de la fuerza y armándose de dosis de paciencia y tolerancia. Sin embargo, el enemigo es poderoso y carece de principios morales.

Seguirán promoviendo la violencia en la búsqueda de una respuesta (o de un simple error) gubernamental de igual naturaleza y resultados fatales que permitan descalificar al Gobierno de Bolivia, a su Presidente y a todo el proceso revolucionario. No les importa conducir al país a la guerra civil. No les importan los muertos que eso pueda causar. No les importa el futuro de los millones de bolivianos que carecen de lo mínimo para vivir. No les importa la salud de quienes podrán hacer uso de medicamentos cuyos precios son ahora prohibitivos. Sólo les importan sus privilegios. Sólo les importan las cotizaciones de Repsol, British Petroleum o Exxon en Wall Street.

Por todo lo anterior, el pueblo de Bolivia y su presidente necesitan hoy más que nunca del apoyo de personas, instituciones y medios de comunicación del mundo entero. Han tomado una bandera que es la de todos: la bandera de la no violencia, la bandera de los derechos humanos, la bandera de la libertad. Sería una inmoralidad y un error táctico dejarles solos ante un tamaño enemigo. El partido que se disputa hoy en Bolivia no es ya sólo de los bolivianos sino de todos los seres humanos.

Pau Segado y Javier Sampedro son, respectivamente, Secretario General y miembro de la Comisión Ideológica del Partido Humanista.